Las autoridades turcas detuvieron a 60 personas en varias provincias del país en el marco de una nueva operación dirigida contra individuos sospechosos de mantener vínculos con el movimiento asociado a Fethullah Gülen. Según informaron los medios turcos, entre los detenidos hay médicos y funcionarios públicos, acusados de pertenecer o apoyar a lo que el Estado turco considera una organización terrorista.
Estas detenciones se inscriben en la continuidad de las amplias purgas iniciadas tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Desde entonces, las autoridades turcas llevan a cabo regularmente operaciones contra personas sospechosas de mantener vínculos, incluso indirectos, con la red de Gülen, tanto en la administración pública como en la justicia, las fuerzas armadas, el sistema educativo y el sector de la salud. Las investigaciones suelen basarse en elementos como comunicaciones digitales, redes sociales o presuntas relaciones con estructuras vinculadas al movimiento.
Las operaciones más recientes se desarrollaron de forma simultánea en varias ciudades y estuvieron dirigidas contra personas que ocupaban cargos públicos o desempeñaban funciones consideradas estratégicas. El Gobierno turco sostiene que actúa sobre la base de información de inteligencia y pruebas técnicas, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian de manera recurrente que muchas detenciones se fundamentan en criterios de afiliación excesivamente amplios o indirectos.
Fethullah Gülen, fallecido en 2024, fue un predicador turco que residía en Estados Unidos desde finales de la década de 1990. Fundó el movimiento conocido como Hizmet («Servicio»), que se expandió internacionalmente a través de una red de escuelas, asociaciones educativas, iniciativas culturales y proyectos humanitarios. El movimiento promovía una visión del islam centrada en la educación, la ética personal, el diálogo interreligioso y el compromiso social. También impulsó la creación de establecimientos educativos en numerosos países, muchos de ellos reconocidos por su calidad académica, además de programas de becas y formación.
Antes de su ruptura con el poder político turco, la red de Gülen también estaba presente en medios de comunicación, instituciones educativas privadas y diversas organizaciones de la sociedad civil. A partir de la década de 2010, la relación con el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan se deterioró profundamente, dando lugar a una importante confrontación política. Tras los acontecimientos de 2016, las autoridades turcas acusaron al movimiento de haberse infiltrado en el Estado y de ser responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio de ese año, acusaciones que Gülen y sus seguidores siempre rechazaron, insistiendo en que Hizmet era un movimiento civil y pacífico dedicado a la educación.
Desde entonces, la calificación del movimiento como organización terrorista por parte de Ankara ha dado lugar a una campaña de represión sostenida que ha afectado tanto a funcionarios públicos como a docentes y profesionales de la salud, en un contexto en el que la mera sospecha de mantener vínculos con la red puede ser suficiente para desencadenar investigaciones y procesos judiciales.