El jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri, cuestionó la entrega de comida y abrigo en la vía pública y afirmó que esa ayuda atrae a más personas y genera dependencia. Durante julio, organizaciones solidarias denunciaron controles e intimaciones sobre ollas populares. La controversia alcanza el lugar que el Estado reconoce a las comunidades religiosas cuando su acción social se desarrolla fuera de los dispositivos oficiales.

Un video grabado durante una reunión con vecinos en 2025 y difundido a comienzos de julio abrió una discusión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Iglesia católica. En el fragmento, cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios porteños,  Jorge Macri, cuestionó “la lógica de darle comida y abrigo afuera” a las personas en situación de calle. Esa práctica, afirmó, “solo hace que vengan más, y cada vez queden más dependientes de eso”.

El Gobierno sostuvo que la grabación había sido recortada de manera tendenciosa y entregó a La Nación una versión algo más extensa, aunque tampoco difundió la reunión completa. Allí Macri defendió la red de centros de inclusión, mencionó un establecimiento preparado para recibir personas con mascotas y aseguró que la Ciudad distribuye 475.000 raciones diarias.

La ampliación permitió reconstruir su razonamiento. El jefe de Gobierno considera que la asistencia en la vía pública puede favorecer la permanencia fuera de los dispositivos residenciales. El contexto no modificó la frase que originó la polémica: la entrega autónoma de comida y abrigo atraería a nuevas personas y prolongaría su dependencia.

La respuesta de la Iglesia

El Arzobispado de Buenos Aires evitó una confrontación directa. Facundo Fernández Buils, responsable de su comunicación institucional, destacó el diálogo habitual con las autoridades porteñas y explicó que la red católica mantiene 33 centros barriales y 26 hogares. Según informó, cada noche acompaña a más de 1.300 personas mediante alojamiento, alimentación, escucha y seguimiento.

Fernández Buils señaló que algunas personas rechazan inicialmente los hogares o centros de inclusión. El vínculo puede comenzar con un plato caliente, un mate cocido o una conversación repetida a lo largo del tiempo. “No fomentamos que se queden en la calle”, aclaró.

La descripción coincide con criterios incluidos en el último Relevamiento de Personas en Situación de Calle elaborado por el Instituto de Estadística y Censos porteño. El documento presenta una política de “gobernanza colaborativa” con organizaciones sociales, comunitarias y religiosas, a las que atribuye presencia territorial, capacidad para generar confianza y continuidad en las intervenciones.

El informe también reconoce la utilidad de los dispositivos de “bajo umbral”, destinados a quienes todavía no están dispuestos a ingresar en un centro residencial. En esos casos, la primera intervención puede consistir en una prestación básica y un contacto sostenido, antes de que exista la posibilidad de una derivación.

Las comunidades religiosas participan en hogares conveniados, comedores y programas articulados con el Estado. También mantienen iniciativas propias, nacidas de convicciones religiosas y de vínculos construidos en parroquias, templos, centros comunitarios y calles. Las palabras de Macri introdujeron una distinción entre esas modalidades: la colaboración integrada al sistema oficial conserva reconocimiento, mientras la asistencia autónoma en el espacio público queda asociada con la dependencia.

Denuncias sobre las ollas populares

Durante julio, varias organizaciones que distribuyen alimentos denunciaron controles e intimaciones de agentes porteños. Peronismo Solidario de Caballito afirmó que personal de Espacio Público intentó labrar un acta durante una olla que funciona desde hace más de dos años en la esquina de Acoyte y Rivadavia. Según su referente, un agente exigió la tramitación de un permiso, pero no pudo precisar qué autorización correspondía.

Tiempo Argentino recogió relatos semejantes en Palermo, Recoleta, Colegiales y barrios del sur. Algunas intervenciones habrían incluido presencia policial. Las organizaciones involucradas interpretaron los operativos como un cambio en el trato recibido y los relacionaron con las declaraciones del jefe de Gobierno.

Hasta el cierre de esta nota no se había difundido una resolución que prohibiera de manera general la entrega gratuita de alimentos en el espacio público. Tampoco apareció una explicación oficial sobre la base normativa de las actas mencionadas. Los episodios permanecen, por lo tanto, como denuncias coincidentes de las organizaciones. No existe información pública que permita establecer una relación administrativa directa entre los controles y las palabras de Macri.

La Ley 3706, que regula la protección de las personas en situación de calle en Buenos Aires, obliga al Estado a promover una cultura de solidaridad y contempla la participación activa de organizaciones civiles en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Cualquier exigencia de permisos para repartir alimentos debería apoyarse en reglas identificables y aplicarse con criterios uniformes.

Una causalidad sin respaldo público

El relevamiento oficial realizado en noviembre de 2025 contabilizó 5.176 personas en situación de calle. De ellas, 3.546 estaban alojadas en centros de inclusión y 1.613 dormían en el espacio público, la cifra más alta de la serie publicada por la Ciudad.

Entre quienes respondieron el cuestionario mientras permanecían en la calle, el 24 por ciento había vivido siempre en Buenos Aires y el 64,1 por ciento llevaba al menos un año en la ciudad. El 11,2 por ciento había llegado durante los doce meses anteriores.

El estudio no investigó si la presencia de parroquias, comedores u organizaciones solidarias había influido en esos desplazamientos. Tampoco se conocen análisis oficiales que permitan atribuir el crecimiento de la población sin techo a la distribución de alimentos o abrigo.

La afirmación de que la ayuda “hace que vengan más” constituye, hasta ahora, una interpretación política sin evidencia pública que establezca esa relación causal.

La autonomía de la ayuda religiosa

La controversia comenzó con una referencia explícita a la Iglesia católica, pero su alcance es mayor. La controversia comenzó con una referencia explícita a la Iglesia católica, pero su alcance es mayor. El campo religioso argentino incluye comunidades muy diversas: organizaciones evangélicas, judías, musulmanas y de otras tradiciones sostienen comedores, refugios, roperos y redes de acompañamiento. En muchos casos cooperan con organismos públicos; en otros, actúan de manera independiente.

Para esas comunidades, alimentar a una persona puede formar parte de una obligación religiosa inmediata y abrir un vínculo que, más adelante, facilite el acceso a documentación, atención médica, tratamiento o alojamiento. La efectividad de ese trabajo depende con frecuencia de la proximidad, la continuidad y la confianza que el propio informe de la Ciudad reconoce como necesarias.

La discusión abierta por las declaraciones de Macri excede la evaluación de una política asistencial. También involucra el margen de autonomía que el Estado concede a las comunidades religiosas cuando su acción social ocupa el espacio público y no queda subordinada a los dispositivos gubernamentales.

Esa relación seguirá siendo colaborativa mientras ambas partes compartan objetivos y procedimientos. La controversia aparece cuando una comunidad entiende que debe asistir a una persona allí donde se encuentra y la autoridad considera que esa intervención prolonga una situación que busca erradicar. En ese desacuerdo se decide quién puede ayudar, bajo qué condiciones y qué lugar conservan las convicciones religiosas frente a la regulación estatal de la solidaridad.