El pasado 5 de junio, un hombre de Nueva Escocia compareció ante la justicia canadiense con un planteo poco habitual: invocó la libertad religiosa para justificar la posesión y la importación ilegal de ayahuasca, un potente alucinógeno que contiene DMT. Según él, esta bebida sudamericana ocupaba un lugar central en un rito sagrado celebrado en plena naturaleza. Para la fiscalía, en cambio, se trataba de una droga prohibida por la legislación canadiense, clasificada en la misma categoría que la heroína o el fentanilo. Este caso, que a primera vista podría parecer marginal, reabre en realidad un debate de fondo: ¿puede tolerarse la importación de drogas psicodélicas en nombre de la libertad religiosa? Y, de ser así, ¿a qué costo para la sociedad?

La ilusión de un uso sagrado

El argumento de la defensa se apoya en un principio jurídicamente sólido: la libertad religiosa, protegida por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Sin embargo, conviene recordar una realidad sencilla: esa libertad no es absoluta. No puede justificar cualquier práctica, especialmente cuando pone en riesgo la salud pública. La ayahuasca no es una planta inocua. Contiene DMT, una sustancia tan potente que puede sumir a una persona, en cuestión de minutos, en un estado disociativo, alucinatorio e incluso delirante. Las visiones que provoca pueden tener un significado espiritual para algunos, pero para otros representan terror, pánico o incluso una descompensación psiquiátrica.

Detrás de los discursos seductores sobre la «medicina de la selva» se esconde un peligroso regreso a una época de la que las sociedades occidentales tardaron décadas en recuperarse.

El regreso de los fantasmas de los años sesenta

En la década de 1960, figuras como Timothy Leary, psicólogo y gran promotor del LSD, defendieron activamente el uso de psicodélicos como vía de liberación espiritual. Profesor en Harvard, Leary sostenía que el LSD permitía expandir la conciencia, encontrarse con Dios y acceder a una verdad interior superior. En pocos años, aquella promesa terminó convirtiéndose en una trampa. Miles de jóvenes cayeron en estados de confusión mental. Los hospitales psiquiátricos se vieron desbordados. La contracultura, impulsada por la búsqueda de trascendencia, dejó tras de sí cientos de vidas destruidas.

No fue por casualidad que el LSD, la psilocibina y el DMT fueran incluidos entre las sustancias prohibidas. Fue una decisión política, sí, pero basada en constataciones médicas: estas drogas pueden desencadenar psicosis y representar un riesgo importante para la salud mental, incluso cuando se consumen en contextos supuestamente «rituales». Conviene recordar, además, que en los años sesenta muchas de estas experiencias estaban supervisadas por psicólogos y psiquiatras. Ese marco no bastó para evitar los daños.

La espiritualidad no elimina el peligro

Por ello resulta engañoso sostener que un uso religioso o sagrado sea, por definición, menos peligroso. Por el contrario, la sacralización puede aumentar el poder de sugestión de estas sustancias y, con ello, sus riesgos psicológicos. Cuando un alucinógeno se presenta como un instrumento de sanación espiritual o de encuentro con lo divino, se convierte en un objeto de fascinación. Atrae especialmente a personas vulnerables: jóvenes en busca de sentido, personas emocionalmente frágiles o individuos que padecen trastornos aún no diagnosticados.

Incluso bajo supervisión, los riesgos persisten. En Colombia y Perú abundan los relatos de ceremonias de ayahuasca que terminaron en episodios de violencia, desapariciones, agresiones e incluso muertes. Trasladar estas prácticas a un país occidental, donde no existen las tradiciones culturales que históricamente las enmarcan, equivale a jugar con fuego. El peligro aumenta precisamente porque se presenta envuelto en un halo de misticismo que puede disminuir el sentido crítico de quienes participan.

Una pendiente hacia la banalización

Pero quizá el mayor riesgo sea el precedente jurídico. Si la justicia canadiense diera la razón a Michael Adzich, se abriría una brecha: cualquier persona podría invocar una creencia o un ritual personal para justificar el consumo de una droga prohibida. Mescalina, psilocibina, LSD, Salvia divinorum… todos los psicotrópicos alucinógenos podrían reclamarse en nombre de una búsqueda espiritual. ¿Dónde estaría entonces el límite? ¿Quién podría distinguir entre una convicción religiosa sincera y una simple autojustificación? En definitiva, toda la política de salud pública basada en la prohibición de estas sustancias podría verse seriamente debilitada.

El uso religioso de sustancias psicotrópicas no constituye una tradición universal. Es propio de determinadas comunidades indígenas y se desarrolla dentro de marcos culturales muy específicos. Pretender trasladar esas prácticas a sociedades occidentales posmodernas, donde la religión suele adoptar formas sincréticas o incluso improvisadas, constituye, a mi juicio, un error. El multiculturalismo no debería convertirse en un argumento para facilitar la introducción de sustancias con un elevado potencial destructivo.

Proteger a los jóvenes, defender la razón

En este debate resulta urgente recordar una realidad que con frecuencia queda eclipsada por el exotismo y los discursos esotéricos: estas sustancias no son inocuas. Modifican profundamente el funcionamiento del cerebro, pueden generar dependencia psicológica y abrir la puerta a múltiples formas de abuso. En un contexto en el que los jóvenes ya enfrentan importantes desafíos en materia de salud mental, marcado por el aumento de la ansiedad, la depresión y el sentimiento de vacío, ¿es realmente oportuno sugerir que la respuesta puede encontrarse en una planta alucinógena? ¿Debemos ofrecer a las nuevas generaciones el espejismo de una «trascendencia» química?

La respuesta, a mi entender, debe ser clara. La libertad religiosa no constituye una autorización ilimitada. Se ejerce dentro del marco de la ley, y la ley protege a la sociedad frente a sustancias peligrosas, aunque estas se presenten envueltas en un discurso espiritual. Canadá ha sabido reconocer determinadas tradiciones indígenas sin dejar de proteger el interés general. No debería ceder ahora a un relativismo según el cual todas las prácticas tendrían el mismo valor.

Está en juego la salud de los jóvenes, la coherencia del derecho y el respeto auténtico por las tradiciones religiosas, aquellas que elevan a las personas y no las extravían. Y afirmo esto con un profundo respeto hacia los ritos indígenas y hacia las comunidades que los practican dentro de su propio contexto cultural.