Nueva Zelanda publicó la cuarta edición de su Statement on Religious Diversity (Declaración sobre la Diversidad Religiosa), un documento destinado a servir como marco común para el reconocimiento de las comunidades religiosas y de convicciones en el país. Publicada en julio de 2026 por Te Kāhui Tika Tangata, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda, la declaración busca promover una convivencia pacífica entre las comunidades de fe, el Estado y el conjunto de la sociedad. Se inscribe en un proceso iniciado tras el Diálogo Asia-Pacífico sobre Cooperación Interreligiosa celebrado en 2004 en Yogyakarta, Indonesia. Una primera versión fue elaborada luego de un amplio proceso de consultas públicas y publicada en 2007, antes de ser actualizada en 2009 y 2019.

El documento, coordinado por el Comisionado para las Relaciones Raciales y elaborado tras consultar a numerosas comunidades religiosas e interreligiosas, incluye un prólogo del primer ministro Christopher Luxon. En él, el jefe de Gobierno destaca el lugar que ocupan las religiones en la vida de muchos neozelandeses, su contribución a la cohesión social y la necesidad de rechazar el racismo, la xenofobia y el odio. La declaración subraya además que las personas sin religión deben recibir el mismo trato que quienes pertenecen a una comunidad de fe.

El texto se basa en ocho principios fundamentales: igualdad ante la ley; libertad de religión y de convicciones; derecho a la seguridad; libertad de expresión ejercida con responsabilidad; reconocimiento y ajustes razonables; educación sobre el hecho religioso; respeto por la diversidad religiosa; y cooperación entre los poderes públicos y las comunidades religiosas. El objetivo no es privilegiar una tradición en particular, sino establecer las condiciones para una sociedad plural en la que creyentes, no creyentes e instituciones públicas puedan convivir sin discriminación.

Esta nueva edición aparece en un contexto demográfico profundamente transformado. El censo de 2023 mostró que, por primera vez desde que Nueva Zelanda recopila este tipo de datos, más de la mitad de la población residente habitual —el 51,6 %— declaró no tener ninguna religión. El cristianismo sigue siendo la principal afiliación religiosa, con el 32,3 % de la población, seguido por el hinduismo, el islam, las religiones y movimientos maoríes, el budismo y el sijismo. Según Stats NZ, la proporción de personas que se identifican como no religiosas ha aumentado de manera constante desde 2013.

Sin embargo, la declaración no interpreta este proceso de secularización como una desaparición del fenómeno religioso. Por el contrario, sostiene que la diversidad de creencias continúa ampliándose, en gran parte debido a la inmigración, y que las comunidades religiosas siguen desempeñando un papel relevante en la asistencia social, la acogida de migrantes, el acompañamiento de personas vulnerables y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. El texto recuerda además que Nueva Zelanda no tiene una religión oficial y define la laicidad, en este contexto, como una neutralidad del Estado que no favorece a ninguna creencia y permite que todas puedan expresarse en el espacio público.

La declaración concede una atención especial al Te Tiriti o Waitangi, el Tratado de Waitangi, considerado el documento fundacional de Nueva Zelanda, y a la wairuatanga, la espiritualidad maorí. El documento señala que algunas comunidades consideran que un acuerdo oral alcanzado en Waitangi constituye uno de los fundamentos históricos de la libertad religiosa, al que en ocasiones se denomina el «cuarto artículo» del tratado. También menciona los movimientos espirituales maoríes Pai Mārire, Ringatū y Rātana, presentándolos como corrientes que realizaron importantes aportes religiosos, políticos y sociales a la historia del país.

La seguridad de las comunidades religiosas ocupa un lugar central en esta nueva edición. La Comisión sitúa explícitamente esta prioridad en el contexto de los atentados terroristas del 15 de marzo de 2019 contra dos mezquitas de Christchurch. Según la Policía de Nueva Zelanda, el ataque dejó 51 muertos y 89 heridos. La declaración señala que diversas comunidades informan de un aumento del odio, la intolerancia, los abusos y el acoso, especialmente en internet, y recuerda que la destrucción o profanación de lugares y símbolos sagrados produce consecuencias espirituales que van mucho más allá de los daños materiales.

El documento también busca conciliar la libertad religiosa con la libertad de expresión. Reconoce tanto el derecho a manifestar la propia fe como el derecho a criticar o debatir las creencias religiosas. Esa libertad, aclara la declaración, no es absoluta: debe ejercerse de manera compatible con los demás derechos humanos y no convertirse en un vehículo para la discriminación, la incitación al odio o el deterioro de la cohesión social. Los medios de comunicación, incluidos los digitales y comunitarios, son llamados a abordar las cuestiones religiosas de forma responsable, precisa y equilibrada.

En las escuelas, los lugares de trabajo y los servicios públicos, la declaración promueve una mayor consideración hacia las principales festividades religiosas, las prácticas alimentarias, las normas de vestimenta y la disponibilidad de espacios para la oración o la meditación. Recuerda que las escuelas públicas son, en principio, laicas —con la excepción de determinados establecimientos integrados o de gestión especial—, pero alienta el desarrollo de una enseñanza comparativa sobre las religiones, centrada en el conocimiento y la comprensión, y no en la adhesión a una determinada fe.

Respaldada por una treintena de organizaciones religiosas e interreligiosas, entre ellas instituciones cristianas, judías, musulmanas, hindúes, sijs, bahaíes, budistas, maoríes y zoroastrianas, esta cuarta edición de la Declaración sobre la Diversidad Religiosa aspira a consolidarse como un texto de referencia más que como una respuesta coyuntural. En una sociedad cada vez menos afiliada a una religión, pero al mismo tiempo más diversa en sus convicciones, el documento sostiene que la cohesión social depende tanto del respeto por las creencias como de la capacidad de convivir con las diferencias y los desacuerdos.