La próxima firma de un convenio entre la Miviludes y la Unión Budista de Francia no puede considerarse un simple trámite administrativo. Se inscribe en una tendencia más amplia, iniciada ya con la Federación Protestante de Francia, mediante la cual el Estado celebra acuerdos específicos con determinadas federaciones religiosas para combatir las llamadas derivas sectarias. Presentada como una respuesta pragmática frente a situaciones de manipulación psicológica, abusos sexuales, estafas vinculadas al bienestar o abusos espirituales, esta política plantea, sin embargo, una cuestión mucho más profunda: ¿hasta qué punto puede el Estado cooperar con organizaciones confesionales sin comprometer su deber de neutralidad?
El problema no consiste en negar la existencia de abusos dentro de determinados entornos religiosos o espirituales. Existen y, en ocasiones, son extremadamente graves. En el caso del budismo, los hechos mencionados en el último informe de la Miviludes son preocupantes: importantes donaciones económicas, aislamiento de los fieles, rupturas familiares, influencia abusiva ejercida por algunos maestros e incluso acusaciones de violación. La vigilancia, por lo tanto, resulta necesaria. Pero la vigilancia del Estado no debería convertirse en una delegación de soberanía en favor de organizaciones religiosas privadas.
Precisamente ahí reside el motivo de preocupación que suscita el convenio anunciado. Según la información hecha pública, el acuerdo facilitará el intercambio de información entre el Estado y la Unión Budista de Francia sobre denuncias y, además, contribuirá a identificar los centros considerados «saludables» y, por el contrario, las estructuras calificadas como «dudosas». Una formulación semejante debería despertar serias inquietudes. ¿Quién decide que un centro religioso es «saludable»? ¿Con qué criterios? ¿Qué garantías existen para respetar el principio de contradicción? Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá con las comunidades que no forman parte de la Unión Budista de Francia o que deciden mantenerse independientes de ella?
Al firmar convenios con determinadas federaciones y no con otras, el Estado otorga inevitablemente a esos interlocutores una autoridad que no deberían tener. Una federación religiosa, por respetable, antigua o representativa que sea, no es una administración pública. Representa únicamente a sus miembros, no a la totalidad de una tradición religiosa. Concederle un papel privilegiado para identificar a los «buenos» y «malos» grupos equivale a introducir una jerarquía oficial entre organizaciones religiosas. Es una pendiente peligrosa, porque transforma a una unión confesional en una especie de policía espiritual auxiliar del Estado.
La cuestión resulta aún más delicada si se tiene en cuenta que las federaciones religiosas poseen sus propios intereses institucionales. Pueden verse tentadas, consciente o inconscientemente, a considerar problemáticos aquellos grupos que escapan a su autoridad, cuestionan su legitimidad o atraen fieles fuera de su ámbito de influencia. El riesgo no es meramente teórico. En todas las tradiciones religiosas existen tensiones permanentes entre las instituciones establecidas, las corrientes minoritarias, los líderes independientes y los nuevos movimientos. Cuando el Estado concede a uno de esos actores un acceso privilegiado a sus mecanismos de vigilancia, crea un desequilibrio de poder difícilmente justificable.
La lógica inversa tampoco deja de ser preocupante. Cuando una organización religiosa solicita al Estado que intervenga para «poner orden» dentro de sus márgenes o incluso dentro de sus propias filas, renuncia a una parte de su autonomía. Sin embargo, esa autonomía constituye uno de los pilares fundamentales de la libertad religiosa. En una democracia liberal, las religiones deben poder organizarse, autorregularse, debatir sus propias normas internas, reconocer o excluir a sus dirigentes, sin convertirse en ejecutoras de una política pública destinada a clasificar las confesiones. El Estado debe perseguir los delitos, proteger a las víctimas e investigar los abusos. No debe transformarse en árbitro de la legitimidad religiosa.
La historia reciente ofrece ejemplos suficientemente elocuentes. En Rusia, la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia Ortodoxa Rusa forma parte de un sistema en el que las minorías religiosas son frecuentemente presentadas como extranjeras, desviadas o potencialmente peligrosas. En China, únicamente determinadas religiones oficialmente reconocidas pueden funcionar dentro de un marco controlado por asociaciones patrióticas subordinadas a la línea del Partido Comunista. En ambos sistemas, la religión aceptable es aquella que se adapta al poder político. La religión independiente pasa a ser sospechosa por definición.
Estas alianzas entre el poder político y determinadas autoridades religiosas generan además una profunda corrupción institucional. Cuando el reconocimiento, la protección o incluso la tolerancia administrativa dependen de la cercanía con el Estado, los dirigentes religiosos tienen un incentivo para convertirse en aliados útiles del poder. Y cuando el Estado recurre a ellos para distinguir entre grupos aceptables y grupos sospechosos, esos mismos dirigentes pueden verse tentados a apartar competidores, neutralizar disidentes o resolver conflictos internos recurriendo al aparato estatal. El resultado no es únicamente un perjuicio para las minorías religiosas. Es también un deterioro del propio Estado de derecho, sustituido por relaciones de influencia, clientelismo, denuncias interesadas y protecciones selectivas. En una palabra: corrupción.
Francia no es Rusia ni China. Precisamente por eso debería evitar adoptar sus categorías y sus métodos institucionales. La laicidad francesa no consiste en elegir a los representantes legítimos de cada tradición religiosa para gobernar el hecho religioso a través de ellos. Consiste en garantizar la libertad de conciencia, la libertad de culto y la igualdad ante la ley, persiguiendo los delitos cuando existan. En el momento en que el Estado comienza a distinguir entre federaciones «respetables» y grupos que deben ser vigilados, no sobre la base de hechos probados sino mediante acuerdos selectivos, abandona el terreno del derecho para adentrarse en el de la acreditación oficial de las religiones.
La lucha contra los abusos sexuales y las estafas espirituales requiere instrumentos judiciales, policiales, sociales y educativos. Requiere también escuchar seriamente a las víctimas. No exige reconstruir, confesión por confesión y federación por federación, una especie de concordato implícito. Estos convenios contradicen tanto el espíritu de la laicidad como el de la ley francesa de 1905, que se basan en la separación entre las Iglesias y el Estado, no en la organización por parte de los poderes públicos de interlocutores religiosos privilegiados. También resultan difíciles de conciliar con el principio de imparcialidad que atraviesa el derecho internacional relativo a la libertad de religión o de convicciones: el Estado puede sancionar los abusos, pero no puede favorecer a determinadas corrientes religiosas asociándolas a la vigilancia de las demás.
Al buscar apoyarse cada vez más en determinados interlocutores religiosos para asegurar el panorama espiritual, el Estado corre el riesgo de terminar creando precisamente aquello que dice combatir: un sistema de autoridad opaco, en el que la legitimidad deja de derivar del derecho común y pasa a depender de la proximidad con el poder.
El convenio entre la Miviludes y la Unión Budista de Francia será presentado, probablemente, como un instrumento meramente técnico. Sin embargo, merece un verdadero debate político. Porque detrás de palabras tranquilizadoras como prevención, cooperación o intercambio de información, se esconde una cuestión esencial: ¿quiere el Estado francés proteger la libertad religiosa o pretende organizar él mismo el mercado de las religiones oficialmente reconocidas? En una República laica, la respuesta debería ser evidente. Que hoy sea necesario volver a formularla resulta profundamente preocupante.