Se multiplican las detenciones, los allanamientos, las acusaciones de espionaje y los riesgos de condena a muerte contra los bahá’ís iraníes. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian una campaña de represión agravada por la crisis política y la guerra.

La comunidad bahá’í de Irán enfrenta una nueva ola de represión. Desde comienzos de 2026, decenas de sus miembros han sido detenidos, citados o sometidos a procesos judiciales en varias ciudades del país. Organizaciones de defensa de los derechos humanos también informan sobre detenciones sin contacto con las familias, negativas de acceso a un abogado y malos tratos destinados a obtener confesiones.

El caso de Peyvand Naimi, detenido desde hace más de seis meses en Kerman, ilustra esta situación. Este hombre de 30 años fue arrestado en su lugar de trabajo el 8 de enero por agentes de los servicios de inteligencia. Las autoridades lo acusan de haber participado en las manifestaciones nacionales y de estar implicado en la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad. Su familia sostiene, por el contrario, que no participó en ninguna manifestación y que no se le presentó ninguna prueba.

Según Amnistía Internacional, los hechos con los que se vincula a Peyvand Naimi habrían ocurrido después de su detención. Su primo Borna Naimi, de 29 años, también fue arrestado. Ambos están acusados de delitos que podrían acarrear una condena a muerte. La organización afirma que fueron sometidos a golpizas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución para obligarlos a confesar delitos que niegan haber cometido.

El 1 de febrero, la televisión estatal difundió un video en el que Peyvand Naimi admitía haber participado en las manifestaciones. Sus allegados sostienen que esas declaraciones fueron obtenidas bajo coacción, después de varias semanas de aislamiento. También afirman que fue privado de alimentos y mantenido sin acceso a un abogado. Un juez habría ordenado su liberación el 7 de marzo, pero la decisión no se habría ejecutado.

Las autoridades iraníes no han respondido públicamente de manera detallada a las acusaciones de tortura y discriminación religiosa. Presentan habitualmente los procesos contra los bahá’ís como asuntos de seguridad nacional, sin reconocer ninguna motivación religiosa. Sin embargo, las familias y las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que la pertenencia a esta fe constituye el verdadero motivo de numerosas detenciones.

La represión excede los casos de Peyvand y Borna Naimi. Iran Human Rights registró al menos veinte detenciones de bahá’ís entre enero y marzo en distintas ciudades, entre ellas Kerman, Mashhad, Isfahán, Yazd, Tabriz y Teherán. La Comunidad Internacional Bahá’í estimaba que al menos 63 creyentes se encontraban en prisión al 11 de junio, aunque precisó que la cifra real podría ser mayor. Algunas familias prefieren guardar silencio por temor a represalias.

Durante varios allanamientos, los agentes habrían confiscado o dañado libros sagrados y objetos religiosos. En Shiraz, Behzad Basiri, su esposa Mandana Sotoudeh y la hermana de esta, Mahsa Sotoudeh, fueron detenidos en abril. Behzad Basiri fue posteriormente liberado bajo fianza, mientras que las dos mujeres recuperaron la libertad el 1 de julio. Su familia afirma que durante el allanamiento de su domicilio los agentes rasgaron libros bahá’ís.

La fe bahá’í nació en Persia en el siglo XIX en torno a las enseñanzas de Bahá’u’lláh. Defiende, entre otros principios, la unidad de la humanidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la idea de que las grandes religiones forman parte de distintas etapas de una misma revelación divina. Sin embargo, las autoridades religiosas chiitas iraníes la consideran una herejía, y la República Islámica no la reconoce entre las minorías religiosas protegidas.

Desde la revolución de 1979, los bahá’ís iraníes han sufrido detenciones, ejecuciones, confiscaciones de bienes y restricciones para acceder a los estudios o a determinados empleos. Se estima que su comunidad está integrada por unas 300.000 personas, lo que la convertiría en la principal minoría religiosa no musulmana del país. Muchos practican su fe discretamente y organizan sus actividades religiosas en viviendas particulares.

Los períodos de crisis suelen estar acompañados por una intensificación de esta represión. Desde las manifestaciones de comienzos de año y la guerra que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, se han multiplicado en los medios afines al poder las acusaciones de espionaje contra los bahá’ís. Como su centro espiritual mundial se encuentra en Haifa, en el actual Israel, esta particularidad histórica se utiliza habitualmente para presentarlos como agentes extranjeros.

Responsables religiosos y medios iraníes también los acusan de ser responsables de disturbios sociales o económicos. Para los defensores de los derechos humanos, esta construcción de un enemigo interno permite al poder desviar la atención y reforzar el miedo en el conjunto de la sociedad. De este modo, una minoría religiosa vulnerable es convertida en chivo expiatorio ante cada nueva crisis nacional.

La situación de Peyvand y Borna Naimi concentra actualmente las preocupaciones. Más allá de su destino personal, su juicio podría indicar un nuevo endurecimiento de la política iraní hacia los bahá’ís. Las organizaciones internacionales reclaman que se retiren todas las acusaciones basadas en confesiones forzadas, que se les garantice el acceso inmediato a abogados y que cesen las persecuciones vinculadas con su pertenencia religiosa.

Publicado originalmente en ReligActu Francia. Traducción al español para ReligActu Argentina.