Según varios medios públicos alemanes y redacciones nacionales, la Bundesamt für Verfassungsschutz (Oficina Federal para la Protección de la Constitución, BfV), el servicio de inteligencia interior de Alemania, habría decidido poner fin a la vigilancia nacional de la Iglesia de Scientology, tras casi tres décadas de seguimiento.
La decisión marca un giro importante en una política de seguridad iniciada en la década de 1990, en un contexto de fuerte hostilidad política y mediática hacia este movimiento religioso. La vigilancia había sido justificada oficialmente por sospechas de objetivos «contrarios al orden constitucional». Sin embargo, después de décadas de investigaciones, escuchas, informes y procedimientos judiciales, las autoridades alemanas nunca lograron demostrar la existencia de actividades delictivas, subversivas o que representaran una amenaza para el orden democrático.
Según la información difundida hoy por la prensa alemana, el BfV considera que debe concentrar sus recursos en otras prioridades de seguridad, como el extremismo violento, el espionaje ruso, los ciberataques o las amenazas terroristas.
No obstante, detrás de esta justificación oficial se esconde una realidad conocida desde hace tiempo en los ámbitos políticos y administrativos alemanes: la vigilancia sobre Scientology era cada vez más difícil de sostener. Desde hacía años existían críticas internas por los millones de euros destinados a supervisar a un movimiento religioso que, pese a la atención constante de los servicios de inteligencia, nunca produjo pruebas concretas que justificaran la continuidad de ese dispositivo.
Varios Länder ya habían abandonado discretamente esa vigilancia. El caso más significativo fue el de Baden-Wurtemberg, que puso fin al seguimiento del movimiento tras reconocer que no representaba una amenaza concreta para el orden constitucional.
Durante todos estos años, la vigilancia por parte de las oficinas de protección de la Constitución tuvo consecuencias humanas que en algunos casos fueron particularmente graves. En Alemania, el simple hecho de que un grupo figurara entre las organizaciones vigiladas por el BfV bastaba con frecuencia para generar un clima de sospecha social y profesional.
Así, algunos cienciólogos vieron cómo las autoridades o las administraciones contactaban a sus empleadores, en ocasiones alertándolos expresamente sobre su pertenencia religiosa. Otros perdieron su trabajo, fueron excluidos de contratos públicos o quedaron apartados de determinadas profesiones. Esta política dio lugar a un elevado número de litigios ante los tribunales alemanes.
En esos casos, sin embargo, las autoridades sufrieron repetidos reveses judiciales. A lo largo de los años, los tribunales alemanes dictaron decenas de resoluciones en las que reconocieron que Scientology constituye un movimiento religioso legítimo y que sus miembros también gozan de la protección del artículo 4 de la Ley Fundamental alemana, que garantiza la libertad de religión y de creencias.
Los jueces recordaron en reiteradas ocasiones que el Estado no puede discriminar a los ciudadanos por su pertenencia religiosa, salvo que existan pruebas concretas de actividades ilegales o contrarias al orden constitucional, pruebas que nunca pudieron aportarse pese a casi treinta años de intensa vigilancia.
La decisión del BfV aparece así como un reconocimiento implícito del fracaso de una política controvertida, denunciada durante años por juristas, defensores de las libertades civiles y diversos observadores internacionales de los derechos humanos.
Desde la década de 1990, Alemania constituía una excepción en Europa occidental por la amplitud de las medidas adoptadas contra Scientology: campañas públicas de advertencia, exclusiones profesionales, cuestionarios de lealtad en determinados sectores y vigilancia por parte de los servicios de inteligencia interior. Esta situación suscitó en varias ocasiones críticas en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde algunos responsables políticos consideraban que esas prácticas vulneraban la libertad religiosa.
El fin anunciado de esta vigilancia federal representa, por tanto, mucho más que una simple reorganización administrativa. Marca el cierre de un capítulo particularmente controvertido de la historia contemporánea de Alemania en materia de libertad de conciencia.
Tras tres décadas de investigaciones sin resultados concluyentes, resultaba cada vez más difícil sostener que un movimiento religioso constituía una amenaza para la democracia cuando sus miembros habían obtenido reiteradamente fallos favorables de los propios tribunales alemanes.
Es probable que esta decisión tardía no haga desaparecer de inmediato los estigmas acumulados a lo largo de los años. Sin embargo, constituye una señal importante: en un Estado de derecho, la vigilancia excepcional de un grupo religioso no puede convertirse en permanente cuando finalmente no se ha demostrado ningún hecho ilícito.