El conflicto entre Roma y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) dio un nuevo paso. El 2 de julio de 2026, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un decreto de excomunión tras las consagraciones episcopales celebradas el día anterior en Écône, Suiza, sin mandato pontificio. Estrictamente hablando, el decreto menciona expresamente a seis obispos vinculados a la Fraternidad: Alfonso de Galarreta, Bernard Fellay y los cuatro nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier. Sin embargo, la nota explicativa publicada ese mismo día amplía las consecuencias canónicas: afirma que los ministros sagrados pertenecientes a la FSSPX se encuentran en cisma y que los fieles laicos que adhieran formalmente a la Fraternidad deben ser considerados cismáticos y excomulgados.
La decisión de la Santa Sede llegó después de varios advertencias. Ya el 13 de mayo, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, había recordado que las ordenaciones episcopales anunciadas por la FSSPX carecían del mandato pontificio exigido y constituirían un «acto cismático». El 29 de junio, el papa León XIV se dirigió personalmente al superior general de la Fraternidad, el padre Davide Pagliarani, pidiéndole que renunciara a su proyecto en nombre de la unidad de la Iglesia y del bien espiritual de los fieles.
Sin embargo, la Fraternidad San Pío X confirmó que el 1.º de julio había procedido a la consagración de cuatro obispos auxiliares «sin jurisdicción», realizada por monseñor Alfonso de Galarreta, asistido por monseñor Bernard Fellay. En un comunicado, lamentó que esas consagraciones hubieran debido celebrarse sin la autorización del Papa, pero las presentó como necesarias para garantizar la transmisión de lo que denomina «el sagrado legado de la Tradición». El 3 de julio, el padre Pagliarani rechazó las sanciones impuestas por Roma, calificándolas de «objetivamente injustas e inválidas», al tiempo que afirmó que la Fraternidad no pretende sustituirse a la Iglesia católica.
Este episodio remite directamente a la crisis de 1988. Ese año, monseñor Marcel Lefebvre consagró a cuatro obispos sin mandato pontificio, un acto que san Juan Pablo II calificó de cismático y que acarreó la excomunión de los involucrados. En 2009, el papa Benedicto XVI levantó la excomunión de los cuatro obispos consagrados por Lefebvre, con la esperanza de favorecer un retorno a la plena comunión. Posteriormente, el papa Francisco concedió a los sacerdotes de la Fraternidad determinadas facultades pastorales, especialmente para administrar el sacramento de la reconciliación y, en determinadas condiciones, celebrar matrimonios. No obstante, esas aperturas no resolvieron el desacuerdo doctrinal de fondo.
En el centro de ese desacuerdo se encuentra el Concilio Vaticano II, y en particular la declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa. El texto conciliar afirma que toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, entendida como la inmunidad frente a toda coacción por parte de la sociedad civil: nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, dentro de los justos límites, tanto en privado como en público. El documento añade que las comunidades religiosas no deben ser impedidas de formar a sus ministros, construir lugares de culto, manifestar públicamente su fe o enseñar, siempre dentro del respeto al justo orden público.
La FSSPX rechaza explícitamente esta doctrina conciliar. En su sitio oficial sostiene que Dignitatis humanae «contradice explícitamente la enseñanza de la Tradición anterior», especialmente porque reconoce un derecho civil a la libertad religiosa basado en la dignidad de la persona. Según la Fraternidad, ese derecho coloca jurídicamente a la verdadera religión y a las religiones que considera «falsas» en un mismo plano dentro del espacio público. También sostiene que el Estado no debería permanecer neutral frente a las religiones, salvo cuando ello sea necesario para preservar la paz civil.
No obstante, sería inexacto afirmar que la FSSPX propugna simplemente obligar a los no católicos a convertirse. En sus propios textos reconoce que sería inadmisible amenazar a un no creyente para obtener su conversión y admite una forma de tolerancia práctica destinada a preservar la paz temporal. Sin embargo, esa tolerancia no constituye, para la Fraternidad, un derecho positivo e igualitario reconocido a todas las religiones. En uno de sus documentos doctrinales afirma que la sociedad civil ideal es aquella en la que el Estado reconoce la religión católica, ayuda a la Iglesia en su misión y puede impedir «la introducción y la propagación de las falsas religiones».
La crisis actual no se reduce, por lo tanto, a una cuestión de desobediencia disciplinaria. Refleja dos concepciones profundamente distintas sobre la autoridad eclesial, la Tradición y la relación entre religión, Estado y libertad de conciencia. Para Roma, las consagraciones episcopales sin mandato pontificio manifiestan un rechazo efectivo de la primacía del Papa y sitúan a la Fraternidad en una situación de cisma. Para la FSSPX, en cambio, esas consagraciones responden a un estado de necesidad destinado a preservar la Tradición. Aunque la Santa Sede afirma seguir dispuesta a recibir a quienes deseen regresar a la plena comunión, la ruptura consumada el 2 de julio de 2026 hace que ese camino resulte hoy aún más difícil.