El 2 de julio de 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó su histórica sentencia en Gregg v. Georgia. Cuatro años después de haber suspendido de hecho las ejecuciones mediante el fallo Furman v. Georgia, los jueces volvieron a considerar constitucional la pena de muerte al estimar que los nuevos procedimientos adoptados por varios estados ofrecían garantías suficientes para limitar su aplicación arbitraria. Cincuenta años después, el aniversario de aquella decisión se convirtió en Washington en una jornada de movilización para líderes religiosos, familiares de víctimas y activistas abolicionistas, reunidos frente a la Corte Suprema para denunciar lo que consideran un fracaso moral, judicial y espiritual.

La manifestación, organizada en el marco de la campaña anual Starvin’ for Justice, reunió a opositores de la pena capital frente a la misma institución que en 1976 abrió nuevamente el camino a las ejecuciones. Varios participantes realizaron un ayuno, en algunos casos bajo temperaturas extremas, con el propósito de llamar la atención del público y recordar que la pena de muerte sigue siendo una realidad en Estados Unidos. Entre ellos se encontraba SueZann Bosler, cuyo padre, el reverendo Bill Bosler, pastor de la Iglesia de los Hermanos en Florida, fue asesinado en 1986. Ella misma resultó gravemente herida durante el ataque y posteriormente dedicó años a pedir que la condena a muerte del asesino de su padre fuera conmutada. Su testimonio ocupa un lugar especial en este tipo de movilizaciones, porque demuestra que la oposición a la pena capital no proviene únicamente de activistas alejados del crimen, sino también de familiares de víctimas que rechazan identificar la justicia con la ejecución.

La dimensión religiosa de la protesta fue central. Art Laffin, integrante de la comunidad católica Dorothy Day Catholic Worker y hermano de una víctima de homicidio, resumió su postura con una afirmación sencilla: Dios manda no matar. Para él, la abolición de la pena de muerte no es solo una posición política, sino una consecuencia directa del Evangelio. Otros líderes religiosos presentes o citados por los organizadores insistieron en la posibilidad de la redención, en la dignidad humana de los condenados y en el riesgo de errores irreversibles dentro de un sistema judicial falible. El reverendo Jack Sullivan Jr., pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y también hermano de una víctima de asesinato, presentó el aniversario de Gregg como un momento de reflexión nacional para quienes creen en la esperanza, la vida y la redención.

Esta oposición religiosa no es nueva. En Estados Unidos, dirigentes cristianos, judíos, musulmanes, budistas e interreligiosos han participado durante décadas en campañas destinadas a abolir la pena de muerte en distintos estados. Según Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action y cofundador de L’chaim! Jews Against the Death Penalty, las comunidades religiosas desempeñaron un papel importante en los procesos que llevaron a la abolición o a la conmutación de condenas en estados como Nueva Jersey, Nuevo México, Connecticut y Virginia. La movilización religiosa también acompañó las gestiones realizadas al final de la presidencia de Joe Biden, cuando fueron conmutadas 37 condenas federales a muerte por penas de prisión perpetua.

Sin embargo, el panorama religioso estadounidense sigue profundamente dividido. La religión también alimenta, en determinados sectores, el apoyo a la pena capital. Algunos fiscales han citado pasajes bíblicos durante procesos penales, mientras que las encuestas muestran que numerosos estadounidenses con afiliación religiosa —especialmente entre ciertos grupos protestantes— continúan respaldando la ejecución de personas condenadas por asesinato. Un estudio del Pew Research Center, publicado en 2021, señalaba que la mayoría de los adultos estadounidenses seguía apoyando la pena de muerte para este tipo de delitos, aunque también expresaba importantes preocupaciones sobre la forma en que se aplica.

Esa ambivalencia convierte el debate religioso estadounidense en un fenómeno particularmente complejo. Los abolicionistas no solo cuestionan una política penal, sino también la interpretación moral y bíblica de una práctica que otros creyentes defienden en nombre de la justicia retributiva. En el judaísmo, recuerda Abraham Bonowitz, la existencia de la pena capital en los textos sagrados debe entenderse a la luz de una larga tradición rabínica que estableció condiciones tan estrictas para su aplicación que prácticamente la volvió imposible. En el catolicismo, la evolución doctrinal ha sido aún más clara. En 2018, por decisión del papa Francisco, el Catecismo de la Iglesia Católica fue modificado para afirmar que la pena de muerte es «inadmisible» porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona humana, comprometiendo a la Iglesia a trabajar por su abolición en todo el mundo.

El contexto actual da un significado especial a esta movilización. Según el Death Penalty Information Center, el número de ejecuciones pasó de 25 en 2024 a 47 en 2025, un incremento explicado en gran medida por Florida, estado que por sí solo llevó a cabo 19 ejecuciones durante ese año. La organización recuerda además que la pena de muerte continúa siendo legal en 27 estados, aunque algunos mantienen moratorias sobre su aplicación. Desde 1976, más de 1.600 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos y más de 200 condenados a muerte fueron posteriormente exonerados desde 1973, una cifra que los abolicionistas citan con frecuencia para ilustrar el carácter irreversible de esta sanción.

Las críticas también apuntan a las desigualdades raciales y territoriales. Históricamente, la mayoría de las ejecuciones se concentran en el sur del país, y diversas organizaciones de derechos civiles denuncian desde hace décadas la sobrerrepresentación de personas afroamericanas entre los condenados a muerte, especialmente cuando las víctimas son blancas. Para los líderes religiosos reunidos en Washington, esta realidad no constituye únicamente un problema sociológico o judicial. Plantea una cuestión profundamente ética y espiritual: ¿puede un Estado ejercer el poder de quitar la vida cuando su sistema penal sigue estando marcado por errores, desigualdades y discriminaciones históricas?

A pocos días de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, los opositores religiosos a la pena de muerte buscan situar su mensaje dentro de una reflexión más amplia sobre la identidad moral del país. Su argumento no es principalmente técnico. No sostienen únicamente que la pena capital está mal administrada, resulta demasiado costosa o presenta problemas jurídicos. Afirman que un Estado verdaderamente justo debe renunciar a reproducir el mismo acto que condena. Cincuenta años después de Gregg v. Georgia, esa voz religiosa aún no domina el debate estadounidense, pero recuerda que, en un país donde la fe continúa desempeñando un papel importante en la vida pública, la pena de muerte sigue siendo también una cuestión espiritual.